El test local de la reestructuración de la deuda es clave para regenerar la confianza del mercado en la regularización de los pagos a los acreedores. Por eso, el equipo que conduce el ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán salió esta semana, decididamente a ofrecer la propuesta a los bonistas para renegociar el endeudamiento en dólares bajo legislación local por U$S 41.715 millones. Las autoridades del Palacio de Hacienda destacan que, como incentivo para captar la mayor cantidad de interesados en el canje, el Gobierno nacional ofrece un trato equitativo respecto de la oferta consensuada con los grandes fondos extranjeros para la reestructuración de títulos bajo ley Nueva York e incluye una pesificación opcional por bonos atados a la inflación. La apuesta en esa operatoria es fuerte. El anuncio había causado un “veranito” financiero, que se disipó rápidamente con un dólar en alza que sigue condicionando el rumbo económico. Sin embargo, el secretario de Finanzas, Diego Alberto Bastourre, y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, consideran que ya hay presentaciones de bonistas para ser parte de la propuesta oficial. Ambos funcionarios participaron -por videoconferencia- de una rueda de prensa con periodistas de medios del interior del país, entre ellos LA GACETA.

Aunque no arriesgaron porcentajes de adhesión a los canjes, los colaboradores de Guzmán puntualizaron que el grupo Exchange se comprometió a ofrecer casi U$S 3.700 millones en bonos “Exchange” y más de U$S 1.100 millones en bonos “globales” hasta mañana. El país había extendido el plazo de acogimiento al plan por la deuda externa hasta el viernes 28. “Por el feedback que tenemos con operadores del mercado, creo que las expectativas son positivas para el país”, indicó el secretario de Finanzas de la Nación.

El Gobierno del presidente Alberto Fernández elevó finalmente el lunes último la oferta final de reestructuración de la deuda por U$S 63.500 millones a la comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), con las enmiendas y cambios introducidos luego del acuerdo alcanzado entre la Argentina y los principales grupos de acreedores el pasado 4 de agosto. Los acreedores del país tendrán acreditado en su cuentas la realización del canje el próximo 4 de septiembre. Los principales grupos de bonistas confirmaron su apoyo al canje, luego de que la Argentina formalizó su oferta ante la SEC. Aquí se encuentran los fondos de inversión que resultaron mas duros en las negociaciones Como BlackRock, Monarch, Ashmore y Fidelity, entre otros, se consignó oficialmente.

En el Gobierno se mantienen en reserva hasta dar a conocer oficialmente los resultados de la operación, pero adelantaron que esperan la activación de las cláusulas de acción colectiva para obligar a los holdouts a ingresar al canje. Antes de cerrar el acuerdo, las partes negociaron puntos legales que terminaron por perfeccionar contratos standard de deuda, que se utilizaran de aquí en más.

Específicamente se impusieron límites a los gobiernos en cuanto a la reasignación de los bonos posterior al canje y a la estrategia conocida como Pacman, que tuvieron consenso en la comunidad internacional tanto del G24 y de los mercados (EMTA).

El acuerdo incorporó el concepto novedoso de sustentabilidad en materia de reestructuraciones de deuda, y la oferta Argentina logró mantener esa premisa inicial en las negociaciones.

En este sentido, el FMI tuvo un rol clave al avalar durante el proceso de negociaciones la medición de sustentabilidad y materializarla con números concretos, inicialmente muy duros para los oídos de los acreedores: el país necesitaba un “alivio sustancial” de entre U$S 50.000 millones a U$S 80.000 millones, consignó la agencia Télam.

Bajo legislación nacional

Paralelamente corren los tiempos para la deuda bajo legislación nacional. Según explicó Bastourre, se acordó un período de aceptación temprana que se extenderá hasta el 1 de septiembre. Con un incentivo: quienes ingresen ahora, recibirán intereses corridos (a través de un nuevo títulos a 2029) hasta el 4 de septiembre, además de tener prioridad para la selección de los nuevos bonos. Con ese incentivo, el Palacio de Hacienda intenta garantizar la mayor cantidad posible de suscripciones en los primeros días. “Este proceso de canje ha tenido un gran apoyo de los distintos sectores políticos. Lo hemos observado en las sesiones del Senado -fue aprobado por unanimidad- y en Diputados -sólo tuvo dos votos en contra-”, detalló Tosi.

Bastourre, virtual viceministro de Economía de la Nación, consideró por su parte que aproximadamente el 55% de las tenencias de deudas bajo legislación nacional está en manos de privadas. Estas pueden ser fondos de inversión en el extranjero y particulares que tienen esos títulos en custodia en alguna entidad financiera. “La tendencia natural que existe entre estos inversores es esperar hasta último momento. Nuestra intención es brindarle incentivos para que se sumen formalmente al proceso de reestructuración en un volumen importante”, explicó el titular de Finanzas.

El 45% restante corresponde a inversiones efectuadas por el sector público. En este aspecto, las autoridades del Palacio de Hacienda creen que la negociación será más abierta y directa, al estar identificados los tenedores. “Creo que la semana que se avecina será importante para el canje porque habrá muchos tenedores de bonos que se pondrán en contacto con distintos bancos y agentes de bolsa y analizar el menú de opciones para participar”, describió Bastourre.

Una diferencia sustancial del canje local respecto a la negociación de los Bonos Ley extranjera es que el Gobierno logró llegar a un acuerdo en los términos legales con los acreedores locales previo al lanzamiento de la oferta, lo que supone esperar una próspera aceptación cuando efectivamente se formalice la propuesta, señaló Invecq Consulting.

El proceso global de canje de deuda encarado por la Argentina implica un debt relief (alivio de la deuda) de U$S 34.000 millones a pagar en un plazo más relajado: mientras que en el perfil original correspondía reponer U$S 30.000 millones entre 2020 y 2024, en la actualidad se deberá abonar menos de U$S 5.000 millones. En tanto, los pagos comprendidos entre 2025 y 2028 pasaron de U$S 33.000 millones a U$S 24.00 millones, detalló un informe de Ecolatina.

Según la consultora, esta diferencia es consecuencia de una exigua quita de capital (cercana al 2%) y un considerable ajuste en los intereses (en torno a 60%). Asimismo, el cupón promedio de nuestra deuda soberana pasó de 6,3% a 3,1%. “Esto le permitirá al gobierno reducir los servicios de deuda y a los acreedores no registrar grandes pérdidas en sus balances ya que se devolverá casi todo el capital invertido”, puntualizó.

¿Cuánto incide la volatilidad en el mercado de la cotización del dólar y la situación de las reservas internacionales del Banco Central en el proceso de canje?, le consultó LA GACETA al secretario de Finanzas. “No vemos que estas cuestiones incidan en el proceso de canje. No creemos que vayan a surgir inconvenientes a la hora de la ejecución del proceso de reestructuración y de la aceptación de la propuesta por parte de los acreedores”, contestó. Bastourre, de todas maneras, reconoció que la reestructuración supone un escenario que no es de una situación de normalidad. “Por esa razón, entendemos que, para tener un panorama más claro de lo que pueda llegar a suceder, hay que esperar qué sucederá con las operaciones que se vayan concretando. Insisto, no vemos riesgos de operatividad y de mercado en la ejecución de estas operaciones”, consideró el secretario de Finanzas.

Argentina es como una casa con una gotera en el techo, cuyos dueños como única solución colocan un balde en el piso, de modo que el agua no se derrame por las habitaciones. Cuando el balde se llena, se lo cambia por otro, pero la gotera (y el problema) sigue, ha definido recientemente Marcelo Capello, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). “Es lo que ocurre con el stock de deuda pública, que se constituye a partir de los flujos anuales de déficit fiscal: cuando la deuda resulta impagable, defaulteamos y reestructuramos, para obtener quitas y más tiempo para pagar, pero nunca arreglamos el problema de fondo: el déficit fiscal, que sigue alimentando nuevas deudas, o emisiones exageradas de dinero (que también es deuda)”, indicó. En definitiva, “llegamos a un nuevo acuerdo por la deuda, ahora se debe generar una política fiscal que permita pagar en los próximos años las obligaciones repactadas por esas deudas, y signifique además el ingreso de Argentina a una etapa de sustentabilidad fiscal y crecimiento económico. Arreglar de una vez la gotera, para después mejorar el resto de la casa”, finalizó.